Reunión de Junta Directiva de ADSP-RM con las máximas autoridades de la Consejería de Salud (21 de marzo de 2024)
Decepcionante respuesta a la mayoría de las propuestas planteadas: del desconocimiento al menosprecio pasando por el “estamos trabajando en ello”
En la mañana del día de hoy 21 de marzo, miembros de la junta directiva de la ADSP RM (Abel Novoa, Presidente; Juan Antonio Sánchez, Vicepresidente y Mario Soler, Secretario) han mantenido una reunión con las máximas autoridades de la Consejería de Salud (Juan José Pedreño, Consejero y Andrés Torrente, Secretario General) y del Servicio Muriano de Salud (Isabel Ayala, Gerente)
El objetivo de la reunión era obtener respuesta a 18 propuestas muy concretas presentadas por escrito en reunión celebrada en octubre de 2023. Las propuestas estaban relacionadas con aspectos que, a juicio de la Junta directiva de la ADSP, tras el análisis realizado en el informe “El estado del malestar”, eran prioritarios considerando factibilidad e importancia ciudadana (ver Tabla 1). Muchas de esas peticiones coincidían con las conclusiones del Informe del CES sobre Atención Primaria publicado el pasado viernes día 15 y llevado a cabo por un acreditado grupo de investigación en economía de la salud de la Universidad de Murcia La respuesta ha sido francamente decepcionante considerando que las demandas fueron explicitadas hace 5 meses tras los cuales ha habido tiempo de sobra para que haya resultados diferentes al “estamos trabajando en ello” si existiera verdadera voluntad política.
Ha sido especialmente desconcertante la respuesta respecto a la no publicación de las listas de espera ya que el consejero ha menospreciado la importancia para la ciudadanía de dicha publicación o justificado la no utilidad de una menor periodicidad. El retraso sobre la periodicidad comprometida de 6 meses (van 9 meses desde junio de 2023, los últimos resultados conocidos) ha sido explicado de una manera que parece algo despreciativa con el interés de la ciudadanía y la opinión pública por este importante indicador de efectividad del sistema público de salud (ver Tabla 1). La pertinencia del Observatorio de Resultados del SMS ha sido puesto en duda (“una iniciativa tomada hace tiempo que hay que revisar”) y de nuevo “estamos trabajando en ello”
Tabla 1: Propuestas de la ADSP-RM presentadas en octubre de 2023 a la Consejería de Salud y SMS y respuesta obtenida en reunión de marzo de 2024
Por rescatar algo positivo:
Las reuniones celebradas de los Consejos de Salud de Áreas (dos anuales) aunque no publicados en la página de Murcia Salud (ver últimas actas publicadas en Tabla 2) según informa la Gerente del SMS
La voluntad de la Gerente del SMS por revertir con carácter inmediato las instrucciones dadas a los Centros de Salud que impiden una atención adecuada a los inmigrantes no regularizados
La opinión unánime de los miembros de la Junta de la ADSP-RM es que los altos directivos sanitarios no se han preparado la reunión y que han improvisado las respuestas. En ningún caso puede considerarse que haya habido preocupación por atender las demandas realizadas hace 5 meses. Solo podemos interpretar esta actitud como menosprecio a valores fundamentales de buen gobierno como son la rendición de cuentas, el diálogo y el respeto a organizaciones de la sociedad civil que realizan legítimamente una función de control e incidencia política.
El sistema de salud es un bien común que no pertenece a las personas que en cada momento tienen la responsabilidad de gestionarlo sino a la ciudadanía y como parte de la misma la ADSP tiene derecho a solicitar explicaciones y recibir respuestas que vayan más allá del “estamos trabajando en ello”.
La reunión fue cambada hasta en dos ocasiones de fecha por problemas de agenda. Nuestra sorpresa ha sido que tras poco más de 1 hora de reunión el Consejero ha comunicado que tenía un compromiso ineludible. Entendemos la apretada agenda del Consejero pero esperábamos que los dos cambios propuestos hasta la reunión definitiva hubieran permitido un encuentro en la que hubiera sido posible tratar todos los temas o que, al menos, se nos hubiera advertido al principio de la limitación de tiempo.
El nivel de interlocución demostrado, ante solicitudes que consideramos razonables y factibles, muchas compartidas por acreditados académicos, así como el poco tiempo dedicado a una reunión cambiada de fecha hasta en dos ocasiones, habla de cierta actitud soberbia y, lo que es más grave para un responsable político, una sensación de impotencia (con explicaciones enrevesadas y continuas excusas poco convincentes) y de falta de ideas sobre aspectos tan importantes para el sistema sanitario público como es la labor de planificación, de mejora de la eficiencia o de respeto a valores de buen gobierno como la transparencia, rendición de cuentas o la participación.
NOTA: Nuestras críticas no son a las personas a las que, por supuesto, respetamos sino a los cargos que representan y la actitud institucional que trasmiten.
Con fecha 18 de marzo se reunió por primera vez la nueva Junta Directiva de la ADSP tras la Asamblea del 23 de febrero donde se nombro nuevo presidente y se renovó la Junta
La revista Gaceta Sanitaria publicó en el número de enero de este año un artículo de revisión titulado “The case against outsourcing from healthcare services” realizado por dos investigadores de la Universidad de Oxford, Benjamin Goodair y Aaron Reeves, en el que abordan, tras un extenso análisis bibliográfico, cuales han sido las consecuencias para la salud de la subcontratación, o externalización de los servicios sanitarios públicos. Los mismos autores han publicado recientemente en la revista The Lancet los resultados de la revisión sistemática realizada . A continuación, por su interés, presentamos una breve síntesis
La contratación externa de servicios de atención médica con empresas privadas se ha vuelto cada vez más común en los servicios financiados con fondos públicos. El envejecimiento de la población junto a la disminución del apoyo a impuestos más elevados generó la percepción de que los gobiernos no podían invertir más en los sistemas de salud, y esto llevó a buscar aumentos de eficiencia con el fin de proporcionar la misma atención, pero con menos dinero. La hipótesis era que, introduciendo mecanismos de mercado en la provisión de salud financiado con fondos públicos, se generaría competencia entre proveedores y que esto los incentivaría a ofrecer servicios de alta calidad al mismo precio. Sin embargo,los resultados de la investigación resumida en este artículo, con estudios desarrollados en Europa y en América del Norte, son muy preocupantes.
En la práctica, la introducción de esos mecanismos de mercado rara vez ha producido los resultados esperados. Los estudios revisados muestran quelos aumentos en la externalización se corresponden con incrementos en las tasas de mortalidad por causas tratables. Dado que no es posible la aleatorización de los pacientes atendidos en servicios con provisión pública y privada, no se puede afirmar que haya una relación causal de este incremento de mortalidad, pero los hallazgos encontrados nos indican que la externalización de la asistencia en vez de incrementar la eficiencia puede ser perjudicial para la salud de la población.
A la pregunta de por qué la externalización puede provocar peores resultados de salud en la población y entre los usuarios de servicios los autores ofrecen dos explicaciones sustentadas en la investigación realizada.
La primera explicación se refiere a la diferente calidad entre proveedores. Los proveedores de propiedad pública en áreas tan diversas analizadas como residencias de ancianos, servicios de ambulancias, servicios de cuidado de niños, servicios de limpieza, hospitalaria y atención psiquiátrica proporcionan una atención de mejor calidad que las empresas de propiedad privada que prestan el mismo servicio. Los proveedores privados ofrecen en sus servicios, comparados con los públicos, menos personal con una menor capacitación y con peores condiciones de trabajo. A la vez, los proveedores privados que se introduzcan en un servicio de salud nacionalizado también tendrán una curva de aprendizaje para alcanzar los mismos niveles de calidad y eficiencia que los de la prestación pública.
La segunda explicación está relacionada con el efecto en cadena o dominó que se produce sobre la capacidad de los proveedores estatales de prestar servicios de atención sanitaria, con la privatización y la existencia de mercados mixtos . Una crítica común a los sistemas de mercado mixto es que los proveedores privados atienden pacientes con menos complicaciones, inflando así artificialmente la eficiencia de los proveedores con fines de lucro y con las repercusiones que estos sesgos de selección pueden tener en el conjunto del sistema sanitario..
Los efectos negativos de la externalización en la salud no sólo se observan en la prestación directa de atención médica, sino que también pueden estar presentes en la financiación de infraestructuras o en los servicios de consultorías de gestión en los hospitales públicos, sin que tampoco se hayan demostrado mejoras en estos ámbitos con la introducción de mecanismos de privatización.
Aunque teóricamente algunas formas de subcontratación podrían ser aceptables y en determinados servicios de prestaciones sencillas sería asumible una reducción de calidad, estos argumentos no están respaldados por pruebas que permitan identificar de forma consistente cual sería la “buena subcontratación”. Profundizar en la estrategia de incremento de la privatización podría tener consecuencias desastrosas .
Los autores concluyen que la externalización probablemente presenta más daños que beneficios en la mayoría de los contextos sanitarios donde se dispone de la evidencia.
Eso no solo afecta a los pacientes sino también a los responsables políticos en la toma de decisiones y cita como un ejemplo los 8.240 millones de euros gastados por España en 2019 en la externalización sanitaria al sector privado.
Por último plantea que, después de conocer estos resultados y tras más de 40 años de ir en la dirección de incrementar las subcontrataciones, la actitud de los gobiernos progresistas debería ir en el sentido de desmercantilizar la atención a la salud. La percepción de los responsables de la formulación de políticas en salud de que no pueden invertir más en los sistemas de salud ha sido perpetuada por fuentes académicas y de medios de comunicación pero no está arraigada en la evidencia. Ello implicará un esfuerzo considerable para revocar las condiciones legales y económicas que sustentan la privatización y cuyas supuestas ventajas son cuestionadas con los hallazgos de este estudio.
Hace cuatro años que publicamos “Murcia, enferma de pobreza (2019)”, nuestro Informe sobre el estado de la Salud en la Región de Murcia, en el que poníamos el foco en los determinantes sociales y económicos como origen de la mala salud murciana, y ofrecimos más de 50 propuestas para mejorar sistema sanitario y niveles de salud.
De nuevo ahora ofrecemos “El Estado del Malestar (2023)”, un análisis actualizado de la situación socio-sanitaria regional con una serie de prioridades y propuestas dirigidas a la mejora de nuestro sistema sanitario para los próximos cuatro años.
A pesar de que la población de la Región de Murcia es la más joven del conjunto de Comunidades Autónomas, tener un gasto sanitario público real per cápita mayor que la media del estado y una utilización del sistema elevado (atención primaria y urgencias), sus resultados en salud se encuentran entre los peores de España, tanto en mortalidad (enfermedad cerebrovascular e isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, Alzheimer) como en morbilidad (hipertensión, diabetes, enfermedad mental, hospitalizaciones por enfermedad cerebrovascular, interrupción voluntaria del embarazo en mujeres de menos de 20 años).
Por otra parte, las actuaciones en Salud Pública tampoco consiguen disminuir las altas tasas de sedentarismo, tabaquismo, obesidad y sobrepeso ni los embarazos no deseados, todos con indicadores entre los peores de España.
Persisten también muy malas cifras socioeconómicas – con elevadas tasas de pobreza, precariedad laboral y bajo nivel educativo -, entre las peores del conjunto de las autonomías.
Son además especialmente preocupantes las altas tasas de dependencia y discapacidad grave así como los altos porcentajes de riesgo de mala salud mental y la prevalencia de enfermedad mental más elevada del conjunto de las Comunidades Autónomas, con un grave empeoramiento en los últimos años, muy especialmente en las mujeres.
Todo lo anterior tiene relación con la pésima gobernanza política de un sistema sanitario que genera el peor déficit económico sanitario en España desde hace décadas por falta de adecuación de los presupuestos al gasto real y que mantiene grandes desigualdades territoriales. Un sistema sanitario poco eficiente con ausencia de acciones intersectoriales que mejoren las condiciones de vida de las personas y con ello también su salud.
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad de la Región de Murcia (ADSP-RM), hemos hecho el esfuerzo de identificar CINCO ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN cuya mejora consideramos prioritaria y proponemos acciones concretas para cada una de ellas:
1. MEJORAR LA GOBERNANZA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO, mediante un Plan de Salud para 5 años fruto de un pacto político en la Asamblea Regional, reduciendo la ineficiencia del gasto sanitario para mejorar la salud de la población y apostando decididamente por la transparencia y la participación ciudadana.
2. REORIENTAR EL SISTEMA DE SALUD A UNA ATENCIÓN PRIMARIA REFORZADA, con un presupuesto finalista en cada Área Sanitaria, con Gerencias propias y asignando el 25% del gasto sanitario, abriendo todos los centros de salud en horario de tarde mediante turnos deslizantes, y centrando su actividad en prácticas de valor y no en “la demanda”.
3. ACABAR CON LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES, estableciendo criterios claros de asignación de recursos y promoviendo la descentralización de los servicios de salud, considerando eficiencia y demanda. Promover la implicación activa de la sociedad, involucrando a la ciudadanía para el diseño y la implementación de políticas sanitarias que garanticen que sean atendidas las necesidades en cada territorio.
4. MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, teniendo muy presente que la prevalencia de enfermedad mental depende fundamentalmente del contexto social en el que viven las personas, debiendo fomentarse políticas públicas transversales dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población.
5. MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CRONICIDAD Y A LAS PERSONAS MAYORES mediante la elaboración urgente de un Plan Regional de Atención a las Personas con Enfermedades Crónicas Complejas así como una Estrategia Regional de Coordinación Sociosanitaria que contemplen que la atención debe realizarse de forma proactiva desde la Atención Primaria, en los domicilios y las residencias, respondiendo a los deseos y valores de los enfermos y estableciendo vías asistenciales específicas, con la dotación de recursos humanos y estructurales necesarios
OCTUBRE 2021. Tras año y medio de pandemia, podemos analizar que las gravísimas consecuencias que ha conllevado habrían sido muchísimo peores si no hubiéramos tenido un sistema sanitario público fuerte. Nuestro sistema ha sabido adaptarse a situaciones difíciles y ha podido responder al reto asistencial que ha supuesto esta crisis. Sin duda, un sistema sostenido por unos profesionales sanitarios empleados en cuerpo y alma en reducir los efectos de la pandemia.
Sin embargo, también detectamos los fallos de un sistema que ya se encontraba al límite de su capacidad, y que no estaba preparado para afrontar una crisis como ésta. Fallos que podríamos resumir en estas cuatro reivindicaciones:
REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA, con presupuestos suficientes y finalistas, que destinaran un mínimo del 20% del gasto sanitario e incluso alcanzar el 25% en unos años (actualmente, gastamos un 14% en Primaria);
MEJORAR LA COOPERACIÓN entre la dirección de Salud Pública y el Servicio Murciano de Salud, fundamentalmente con el nivel de Primaria;
REFORZAR EL SISTEMA DE SALUD MENTAL, en situación de déficit crónico y ahora más debilitado con la pandemia;
DAR PARTICIPACIÓN A LA CIUDADANÍA, para cambiar nuestra concepción del sistema. El ciudadano no debe ser entendido como mero receptor de servicios sanitarios, al contrario hay que poner al usuario en el centro del sistema dándole protagonismo en la mejora de ese sistema, para que por ejemplo, pueda proponer estrategias de promoción de la salud de la comunidad en que vive.
“La Sanidad Pública debe ser una herramienta para la reducción de las desigualdades sociales”
Además de las necesidades de inversión en atención primaria, en salud mental o en salud pública, también detectamos un GASTO INEFICIENTE a menudo definido por múltiples intereses ajenos a la salud de la ciudadanía. Es preciso ajustar el gasto en aquellas inversiones que realmente aporten salud a la población. En este sentido, por ejemplo la compra de 4 robots quirúrgicos con un precio millonario más su gasto fungible y de mantenimiento, quizá no responda a una necesidad de los murcianos; o quizá hubiera sido preciso tan sólo un robot, para poder destinar mejor el dinero a la promoción de salud, la prevención de enfermedades y otras acciones.
Otro problema importante lo crean las grandes DESIGUALDADES DE ACCESO al sistema sanitario. Además de las crecientes LISTAS DE ESPERA para consultas con especialistas, intervenciones quirúrgicas, o para pruebas diagnósticas que sufren la población, existen importantes diferencias entre áreas sanitarias, siendo el área 3 de Lorca la que presenta peores demoras. Pero incluso ahora, con el descuido sobre la atención primaria, se están acumulando también demoras de muchos días para poder acudir al médico de familia, lo que supone una grave e inaceptable barrera para los pacientes. Creemos que el sistema sanitario debería invertir recursos para resolverlo.
Y un fenómeno relacionado con las deficiencias del sistema público es la mayor PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD. El aumento del aseguramiento privado reforzado por el apoyo de insistentes aparatos publicitarios, y la mayor concertación de servicios que dejan de realizarse en centros públicos. Al respecto de los conciertos, creemos que han de ser lo más pequeños posibles y deben estar limitados a determinadas prestaciones con una especial vigilancia de la calidad de los servicios prestados.
Por último, existen necesidades básicas de salud que todavía no son ofrecidas por el sistema público, como LA SALUD DENTAL O EL CUIDADO DE LA VISTA, lo que obliga a los ciudadanos a acudir a entidades privadas. Pensamos que para reducir las desigualdades en salud, deberían estar disponibles al menos para la población más desfavorecida.
La Sanidad Pública es un bien público que en función de las políticas aplicadas, puede estar en grave riesgo, y por tanto, necesita ser defendida por una ciudadanía vigilante de la integridad de sus derechos.
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) Región de Murcia, queremos animar a todas las personas a firmar esta Iniciativa Ciudadana Europea “Derecho a una Cura // Que Nadie se Lucre con la Pandemia” para solicitar a la Comisión Europea que haga todo lo que esté en su mano para que las vacunas y tratamientos COVID-19 sean considerados un bien público global, accesible a todos y todas de manera gratuita.
La ciudadanía de la Unión Europea (UE) tiene el derecho de dirigirse directamente a la Comisión Europea para proponer una reforma legislativa concreta, a través de lo que se conoce como Iniciativa Ciudadana Europea. Para que la Comisión admita y considere una Iniciativa, se necesitan 1 millón de firmas de apoyo, de ciudadanos y ciudadanas de la UE.
Sus incuestionables peticiones se resumen en estos cuatro puntos:
SALUD PARA TODOS Y TODAS
La salud es un derecho. En una pandemia, la investigación y las tecnologías deberían compartirse ampliamente, rápido, a través del mundo. Una compañía privada no debería tener el poder de decidir quién tiene acceso a tratamientos o vacunas, ni a qué precio. Las patentes otorgan a una sola compañía el poder y monopolio sobre productos farmacéuticos esenciales. Esto limita su disponibilidad e incrementa su coste para las personas que los necesitan.
¡TRANSPARENCIA YA!
La información sobre los costes de producción, las contribuciones públicas y la efectividad y seguridad de las vacunas y medicamentos debería ser pública. Los contratos entre autoridades públicas y compañías farmacéuticas también deben publicarse.
FONDOS PÚBLICOS, CONTROL PÚBLICO
Los y las contribuyentes pagan con sus impuestos enormes sumas para la investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos. Lo que la gente paga, deber ser para la gente. No podemos permitir que las compañías farmacéuticas privaticen tecnologías médicas cruciales que han sido desarrolladas con recursos públicos.
QUE NADIE SE LUCRE CON LA PANDEMIA
Las grandes compañías farmacéuticas no deberían lucrarse con esta pandemia, a expensas de la salud de la gente. Una amenaza colectiva requiere solidaridad, no lucro privado. La financiación pública debería darse solo con la garantía de que el producto final tendrá disponibilidad y un precio asequible. No se debería permitir que el Big Pharma saquee nuestros sistemas de seguridad social.
DICIEMBRE 2020. Recuperamos la interesante participación de Juan Antonio Sánchez @Juanssmf (ADSP Región de Murcia) y Teresa Martín @matete100 (Usuarios Sanidad Murcia) como representantes de MAREA BLANCA REGIÓN DE MURCIA en el programa A Vivir Salud de @SER_Murcia. Los contenidos de la conversación, a propósito de la Nota de Prensa emitida para demandar mayor inversión regional en Sanidad Pública, siguen estando de plena actualidad.
La Marea Blanca surgió hace una década como movimiento unitario de ciudadanos y profesionales, sociedades científicas, sindicatos profesionales y representantes políticos, para hacer frente a la privatización del sistema sanitario y defender la sanidad pública como garantía de justicia y equidad para los ciudadanos. Era una época de políticas agresivas de privatización sanitaria, de construcción de hospitales de gestión privada, de disminución de gasto sanitario y de recortes de profesionales y recursos. Siguiendo el ejemplo de Madrid y otras autonomías, en Murcia se fue conformando una red de colectivos en defensa de la salud de la población que realiza su primera concentración en febrero 2013, y que en la actualidad, reúne a más de 50 asociaciones y plataformas.
Los recortes en Sanidad matan
Este clásico lema de Marea Blanca quiso denunciar el progresivo adelgazamiento del presupuesto sanitario experimentado en los últimos diez años, el cual se notó especialmente en Atención Primaria y en Salud Pública. El gasto en salud del período 2006-2008 fue del 7.5% de PIB, mientras que la cifra descendió dramáticamente en 2015 al 5.8%. Y aunque lo percibíamos de forma puntual cada invierno durante las epidemias de gripe, ha sido ahora en momentos de crisis sanitaria cuando hemos sufrido las consecuencias de esta reducción de recursos.
A esto habría que añadir el Real Decreto 16/2012 que atacó la universalidad del derecho a la salud en nuestro país (ver informe del Observatorio sobre Exclusión Sanitaria Región de Murcia de 2015, en el que participan ambos colectivos, ADSP y Usuarios de Sanidad), instaurando una exclusión sanitaria para determinadas personas y colectivos, y extendiendo además el copago sanitario a nuevas prestaciones y grupos de población.
En 2015, desde Marea Blanca conseguimos colocar la Sanidad Pública en la agenda política mediante artículos, charlas, concentraciones y hasta debates electorales con los partidos políticos. Así, antes de las elecciones autonómicas de 2015 y 2019, ofrecimos a firmar a los principales partidos un documento de compromisos y acciones, entre ellas, la necesidad de estructuras fuertes de Salud Pública en las áreas (todavía en los presupuestos aprobados para 2020, sólo se asignaron a Salud Pública 27 millones) y la necesidad del refuerzo de la Atención Primaria de Salud (todavía hoy nos faltan tres centros de salud aprobados y sin construir, y seguimos por debajo de la media nacional en ratios de enfermería y médicos por paciente). Lamentablemente, los dos partidos que no firmaron estos compromisos son los que gobiernan actualmente la Región.
Hace unos meses, Marea Blanca intervino en la Comisión de Reconstrucción Social de la Asamblea Regional, aún estamos esperando sus conclusiones. Allí les pedimos colaboración entre los partidos, puesto que nos estamos jugando el bienestar de toda la población. Les pedimos prioridad en salud, educación, política social o economía, y les urgimos a apoyar la atención Primaria, ya que su desbordamiento supondría la quiebra del sistema sanitario como lo conocemos actualmente.
“Nos creíamos que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo”
Algunos indicadores de nuestro sistema sanitario son muy valorados por otros países, como una estructura de asistencia hospitalaria de gran calidad bien coordinada con una estructura de Equipos de Atención Primaria que disponen de una extensa cartera de prestaciones. Sin embargo, otros indicadores han ido progresivamente empeorando como la infradotación de plantillas (en parte causada por la no renovación de plazas de profesionales jubilados en los últimos 3-5), o el aumento de temporalidad en forma de sustitutos e interinos.
En cualquier caso, con estos y otros recortes, el sistema llegaba a atender con dificultad las necesidades “normales” de la población. Si añadimos el cambio acontecido en los últimos 30 años en la estructura de la población, progresivamente más anciana y con más problemas de cronicidad, los recursos disponibles eran claramente insuficientes. Y finalmente, la crisis pandémica llevó al sistema a superar su límite con carencias de materiales básicos, como equipos de protección individual para profesionales, o con ausencia de protocolos sanitarios para catástrofes. Para una crisis como ésta, ya no éramos uno de los mejores sistemas del mundo.
Desde Marea Blanca, ya en 2016 solicitamos una Comisión de Investigación sobre Sanidad en Asamblea Regional, no para buscar una investigación judicial sino para realizar un análisis por parte de los parlamentarios sobre la situación del Servicio Murciano de Salud y poner en marcha soluciones a los distintos problemas. Se puso en marcha pero por desgracia no existía voluntad real, y quedó en el olvido.
“Debemos caminar unidas porque la Sanidad Pública es de todas las personas, sin importar la opción política”
Durante los primeros meses de la pandemia, Marea Blanca ha sido prudente, mostrando un apoyo responsable aunque crítico a la administración sanitaria, posicionándose junto a las autoridades y apoyando sus medidas porque comprendíamos que era una situación muy dura que nos había sorprendido a todos. Pero ese carácter crítico, que incluía la exigencia de transparencia en las decisiones y medidas adoptadas, nos mueve ahora a reivindicar actuaciones en aspectos claves para el próximo año 2021. Es el momento de denunciar situaciones persistentes de clara inequidad en la Región, como las graves diferencias en acceso a consultas médicas o pruebas diagnósticas entre áreas como Lorca y Murcia (ver sección Informes ADSP).
Queremos exigir, con prudencia y responsabilidad, el carácter público de la sanidad para poder blindarla con presupuestos reales que permitan su mejora, conseguir consolidar plantillas, y mejorar la participación de la comunidad en el sistema sanitario. En este sentido, es un ejemplo de participación la Comisión de Salud Comunitaria de Molina de Segura, donde ciudadanos y profesionales trabajan juntos detectando carencias y proponiendo soluciones para mejorar la salud de la población molinense.
Pero el camino de la concienciación social, para conseguir que los ciudadanos exijan a los políticos un cambio en la gestión sanitaria, se ha complicado con la pandemia. Ya no es posible convocar grandes manifestaciones y hay que encontrar nuevas formas de denuncia y reivindicación. En este nuevo escenario, optamos por pequeñas concentraciones que conciencien a la población y transmitan cómo reorientar la inversión sanitaria y los recursos del sistema hacia las prioridades reales de la ciudadanía.
Entre estas prioridades, es fundamental conseguir la unidad de todas las personas bajo la máxima de que la sanidad es de todas, independientemente de su opción política. También es clave reactivar el Plan de Salud Mental de la Región, paralizado en pandemia cuando más necesidades de salud mental está presentando la población. Y por supuesto, aprobar unos presupuestos ajustados a la realidad de pandemia que vivimos, enfocados a la mejora de la Primaria y la Salud Pública para reducir la incidencia de COVID19, para garantizar los profesionales necesarios en Primaria, para reenfocar sus actividades hacia la comunidad, y para mejorar la asistencia sanitaria que se ofrece en los centros socio-sanitarios (de mayores y de otras personas dependientes).
Todo esto nos va a permitir mejorar la calidad de vida y revertir las desigualdades de la población en la Región, las cuales se han acrecentado durante la pandemia. Y en este camino de reinvindicación, el espíritu de la Marea Blanca y sus muchos colectivos reunidos no es sólo denunciar sino hacer propuestas de mejora para que los responsables políticos de la salud regional nos escuchen, las presupuesten y se pongan en marcha.
ABRIL 2021. Bajo el título de “Pobreza, equidad y pandemia”, esta Mesa Redonda celebrada en formato on-line y de participación abierta, nos permitió conversar con profesionales sanitarios, con miembros activos en estructuras de participación ciudadana, con colectivos de pacientes y sociedades científicas, con representantes de partidos políticos y organizaciones sindicales… sobre los retos a los que se enfrenta la Sanidad Pública murciana.
En un PRIMER BLOQUE, Juan Antonio Sánchez (@Juanssmf) presentó nuestro informe “MURCIA, ENFERMA DE POBREZA“, el cual recogía ya en 2019 la deficitaria situación de salud en la Región.
En un SEGUNDO BLOQUE, Carmen Nicolás resaltó el importante trabajo de las enfermeras durante la pandemia, defendió el necesario cambio en el paradigma de cuidados del actual modelo hospitalocentrista, y denunció las graves carencias asistenciales, especialmente hacia las personas mayores, durante la pandemia.
En un CUARTO BLOQUE, las personas que nos acompañaron en la mesa redonda pudieron compartir sus aportaciones y resaltar aquellos aspectos estratégicos para mejorar el sistema sanitario público regional.
José Antonio Peñalver, psiquiatra y diputado por el Partido Socialista en la Asamblea Regional, destacó la necesidad de CREACIÓN DE PLAZAS ESTRUCTURALES EN ATENCIÓN PRIMARIA, lo que permitiría adecuar las ratios de personal sanitario a las necesidades reales de salud de la población.
Tanto José Antonio como Delia Topham y Rosa Garrigós, presidenta y coordinadora de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, insistieron en la NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL, como recoge el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, que incremente significativamente la inversión, configure un verdadero sistema integral de atención, combata la estigmatización y garantice los derechos de las personas con problemas de salud mental, con un enfoque de género puesto que la mujer ha soportado las principales cargas de trabajo durante la pandemia y ha seguido sufriendo las consecuencias de la violencia de género
De forma especial, reivindicaron la presencia de PSICÓLOGOS CLÍNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA, profesionales que garanticen la atención ágil y rápida de trastornos mentales antes de que éstos escalen o se cronifiquen. Es preciso el abordaje comunitario de la salud mental desde Primaria, organizando actividades en la comunidad a la que pertenecen, en colaboración con los ayuntamientos, las asociaciones de vecinos o los centros culturales y educativos. En suma, establecer una red comunitaria de apoyo que ayude a mejorar a las personas con trastornos de salud mental.
Delia también propuso investigar y profundizar en las causas que hay detrás de la REDUCIDA ESPERANZA DE VIDA DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL. Esta reducción puede llegar a ser hasta 10-15 años inferior a la población general, y se atribuye generalmente a la medicación, el consumo de tóxicos o el sedentarismo. Pero también existen otras patologías no mentales que se asocian y pueden pasar desapercibidas.
Rosa recordó la moción aprobada en Asamblea Regional el pasado mes de diciembre, que instaba al Gobierno regional a realizar un plan autonómico de PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, de la que aún no se sabe nada. También insistió en un cambio de modelo de centros psiquiátricos que evite las macro-residencias, fomentadas por cuestiones económicas pero que impiden la deseable DESINSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS PERSONAS. Por último, pidió que los servicios de salud mental articulen fórmulas para la ESCUCHA A LAS FAMILIAS, que pueden aportar mucho para la mejora de los pacientes, siempre dentro del respeto a la privacidad del paciente y cuidando el vínculo terapéutico con los profesionales de salud mental.
Jesús Abenza, médico de familia y vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SMUMFYC), denunció el enfoque excesivamente asistencialista adoptado por el sistema de salud en nuestra Región, muy centrado en lo sanitario y que olvida la prevención y la promoción en sus planificaciones, por lo que no tiene en cuenta los DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD a la hora de desarrollar estrategias poblacionales. Para corregir esto, Jesús remarcó la necesidad de un esfuerzo conjunto y transversal de todos los colectivos, profesionales y ciudadanos, que fomente la PARTICIPACIÓN COMUNITARIA mediante la intervención en los municipios y las zonas básicas de salud. Por último, recordó la PÉRDIDA DE ACCESIBILIDAD que está sufriendo la población con las nuevas vías de acceso a la Atención Primaria (teléfono, video-llamada, tele-consulta)
Juan Francisco Zapata, miembro de la Comisión de Salud Comunitaria de Molina de Segura, también reflejó la importancia de la PARTICIPACIÓN CIUDADANA en la gestión de la salud pública y compartió la experiencia de la creación del Consejo de Salud Municipal de Molina, donde se han venido trabajando políticas de salud que han revertido en el bienestar de la ciudadanía. Especialmente quiso insistir en la necesidad de TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN SANITARIA PÚBLICA.
Paloma Castillo, enfermera de Primaria, también insistió en la participación comunitaria y en la necesidad de desarrollar los CONSEJOS DE SALUD DE ZONA, donde la ciudadanía junto con sanitarios, docentes, autoridades municipales… detectarían las necesidades y las situaciones de inequidad en salud de la ciudadanía y las transmitirían a los Consejos de Salud de Área. Además, denunció el DÉFICIT E INESTABILIDAD DE LAS PLANTILLAS DE ENFERMERÍA EN PRIMARIA, víctimas de décadas de desinversión. También criticó la ESTRATEGIA REGIONAL SOBRE VACUNACIÓN COVID, que no ha tenido en cuenta a los profesionales de Primaria a la hora de planificar. Esta estrategia ha preferido lejanos mega-centros de vacunación frente a la proximidad de los Centros de Salud, al tiempo que no está haciendo llegar una adecuada información a los profesionales.
María Marín, diputada de Podemos en la Asamblea Regional, hizo hincapié en el necesario cambio a un MODELO PÚBLICO DE CUIDADOS SOCIO-SANITARIOS, para que algo tan importante como la salud de nuestros mayores no quede en manos de iniciativas privadas, movidas tan sólo por la búsqueda de beneficio. También recordó la solicitud presentada en Asamblea Regional, a petición de las familias de fallecidos, para crear una Comisión de Investigación sobre el discurrir de la pandemia en las residencias. Además, reivindicó que la Asamblea comience ya los trámites para aprobar la Ley de Residencias de Mayores, cuya proposición fue presentada el pasado mes de febrero, y que debe regular las ratios de personal y acabar con la actual precariedad de enfermeras, auxiliares, psicólogos, terapeutas ocupacionales, animadores y trabajadores sociales.
Juan Luis Chillón, sociólogo y miembro del Consejo Municipal de Salud de Molina de Segura, quiso insistir en la importancia de la participación ciudadana a través de los CONSEJOS DE SALUD, instrumentos concebidos para el encuentro de profesionales, políticos, representantes sociales y ciudadanía en general trabajando unidos para mejorar la salud de la comunidad.
Pedro Marset, médico y catedrático de universidad, explicó la Iniciativa Ciudadana Europea #Right2Cure – No Profit on Pandemic, que surgió hace un año para denunciar la gestión de la Unión Europea con las farmacéuticas y demandar mediante un millón de firmas, una VACUNA PARA CORONAVIRUS PÚBLICA Y UNIVERSAL.
José Luis Álvarez Castellanos, coordinador regional de Izquierda Unida – Verdes, resaltó la necesidad de un PACTO POLÍTICO para aunar esfuerzos contra el progresivo cambio de modelo sanitario que venimos presenciando, pero también para conseguir una inversión importante y continuada en los presupuestos regionales, sin cambios a corto plazo. También recordó la importancia de la participación ciudadana en Salud, y de que más allá de los Consejos de Área, dicha participación descienda hasta el nivel de CONSEJOS DE ZONA.
Además, denunció las tremendas DESIGUALDADES ENTRE ÁREAS DE SALUD, las cuales deberían ser subsanadas mediante inversiones en estructura de plantillas y en material. Y citó como grave ejemplo de esa desigualdad, el aumento de LISTAS DE ESPERA PARA CONSULTAS, PRUEBAS DIAGNÓSTICAS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha sufrido con la pandemia, para lo que propuso un plan de acción bien estructurado para recuperar los estándares de tiempos de demora establecidos legalmente. Teniendo siempre como referencia la REDUCCIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA al mínimo imprescindible, tan sólo para afrontar prestaciones a las que la sanidad pública no pueda llegar.
José Luis insistió también en la importancia de los PUNTOS DE ATENCIÓN SANITARIA EN ENTORNOS RURALES Y POCO POBLADOS (consultorios periféricos, puntos de atención continuada), fundamentales si queremos un modelo de salud pública, cercano a las personas y basado en la acción comunitaria. Además, recordó la necesidad de mejorar dentro de la cartera de servicios del Servicio Murciano de Salud, la ATENCIÓN A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, la cual se sigue realizando en clínicas privadas y en ocasiones, con coste para la mujer solicitante.
Por último, exigió que la COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PROCESO DE VACUNACIÓN arranque en la Asamblea Regional y se lleve hasta sus últimas consecuencias, para denunciar cómo altos cargos han recibido vacunas al margen del protocolo establecido al tiempo que la Región se sitúa comparativamente a la cola de vacunas administradas por autonomías, y se opta por la organización de grandes centros vacunales que deja de lado a los centros de salud.
José Ramón Cuevas, enfermero y colaborador del área de Salud de Compromís, compartió el proceso que se está llevando a cabo en la Comunidad Valenciana para revertir el modelo de gestión privada y concesiones tanto de la Sanidad como de los Servicios Sociales.
Remedios Piqueras, enfermera de Atención Primaria, recordó la importancia de la ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES, la necesidad de LIBERAR LAS PATENTES PARA CONSEGUIR LA VACUNACIÓN UNIVERSAL, y apuntó la POCA PRESENCIA DE LA ENFERMERÍA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, que quizá se estén dedicando a otras tareas alejadas de las necesidades de los colegios
Todas las personas asistentes coincidimos en que ahora más que nunca es necesario un trabajo coordinado de todas aquellas que luchamos por una sanidad pública y universal. A pesar de que nos encaminamos hacia un modelo más privatizador, menos público y menos universal, la nueva composición de la Asamblea hace más necesario que nunca esta unión de empuje de la sociedad civil.
ABRIL 2021. Bajo el título de “Pobreza, equidad y pandemia”, esta Mesa Redonda celebrada en formato on-line y de participación abierta, nos permitió conversar con profesionales sanitarios, con miembros activos en estructuras de participación ciudadana, con colectivos de pacientes y sociedades científicas, con representantes de partidos políticos y organizaciones sindicales… sobre los retos a los que se enfrenta la Sanidad Pública murciana.
En un PRIMER BLOQUE, Juan Antonio Sánchez (@Juanssmf) presentó nuestro informe “MURCIA, ENFERMA DE POBREZA“, el cual recogía ya en 2019 la deficitaria situación de salud en la Región:
Una ESPERANZA DE VIDA inferior a la media nacional.
Una cantidad de AÑOS DE VIDA SALUDABLE inferior a la media nacional (63,2 frente a 55,6 años).
Unas TASAS DE MORTALIDAD por enfermedad cerebrovascular o por enfermedad isquémica del corazón ajustadas por edad superiores a las cifras nacionales
Una elevada prevalencia de SOBREPESO tanto en población adulta (44,9) como en población infantil (25,7) que superan ampliamente la media nacional.
Una creciente TASA DE POBREZA que cada vez se aleja más de la tasa nacional (30,1% en Murcia frente a 21,6% en España en 2017), y que es una condicionante general para muchos indicadores de salud.
Curiosamente, un GASTO PÚBLICO SANITARIO por habitante superior en Murcia al del conjunto del Estado (1552,6 frente a 1379,6 euros en 2016), pero con un menor gasto en Atención Primaria que en Especializada de forma marcada (13,7% frente a 62,9% en 2016).
Unas enormes diferencias en ACCESIBILIDAD a consultas externas o pruebas diagnósticas según el área de salud o la ciudad en que viva el paciente. De tal forma que en áreas 2 y 3 de salud las demoras pueden llegar a quintuplicar las cifras de otras áreas.
Un GASTO DE FARMACIA en recetas también muy elevado.
Como resumen de situación, podemos afirmar que aunque hay un elevado gasto sanitario regional desde las transferencias sanitarias, éste no consigue mejorar la situación regional de salud, explicada por dos factores: una inversión focalizada en el sistema hospitalario, el gasto farmacéutico y la alta tecnología; y unos negativos indicadores socio-económicos regionales.
Nuestro informe ofrecía 60 propuestas estructuradas en 7 ejes para la mejora del sistema sanitario regional murciano:
la necesidad de un gran pacto político a favor de la sanidad pública
la gestión eficiente con presupuestos realistas
la integración de lo sanitario, lo social y lo medioambiental
un sistema centrado en la atención primaria
el cuidado de los profesionales sanitarios y las condiciones del trabajo que realizan
la participación ciudadana y la transparencia para buscar la mejor respuesta a los problemas y necesidades de los ciudadanos
la gestión de innovación y tecnología a incorporar al sistema con criterios de rentabilidad pública y seguridad del paciente
En un SEGUNDO BLOQUE, Carmen Nicolás resaltó el importante trabajo de las enfermeras durante la pandemia, asumiendo desde su capacidad técnica y su generoso compromiso con la sociedad, la principal carga de trabajo y contacto con los pacientes.
Nuestro sistema de salud se encontraba muy debilitado y necesitado de enfermeras como consecuencia de los recortes llevados a cabo. En la Región partíamos de forma previa a la pandemia de una desfavorable situación, con excesivas RATIOS ENFERMERA/PACIENTE, variables entre 1367 y 1823 tarjetas por enfermera de Primaria, cuando las cifras aconsejables son 1500 usuarios en Primaria, 6-8 pacientes ingresados en hospital o 2 pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos.
Asimismo, el actual MODELO HOSPITALOCENTRISTA necesitaba ya cambios para transformar su paradigma de cuidados hacia otro más preventivo, comunitario y proactivo. Para ello, son precisas intervenciones comunitarias, familiares y en domicilio, dirigidas a la autonomía del paciente y no a la dependencia. Y en este sentido, surge el papel imprescindible de la enfermera comunitaria.
Y entonces, las grandes CARENCIAS DE CUIDADOS de la población fueron puestas de relieve durante la pandemia, especialmente aquellas relacionadas con los mayores. Las profesionales sanitarias en residencias, durante la primera ola en la primavera de 2020, no disponían de equipos de protección individual (EPIs) y las personas residentes quedaban excluidas de las derivaciones hospitalarias de manera generalizada. Muchas residentes estuvieron incomunicadas con el exterior y con sus familias durante semanas.
Las deficiencias estructurales y de recursos del sistema, como la ausencia de planes de contingencia, la exclusión de las residencias del acceso a la Atención Primaria, la descoordinación entre Salud y Política Social, entre Autonomías y Ministerio, entre Primaria y Hospitales, la precariedad endémica, la falta de previsión y el retraso en actuaciones… generaron un inaceptable DESAMPARO DE LOS MAYORES en las residencias, como recoge el informe La Otra Pandemia de Amnistía Internacional.
El sistema de asistencia socio-sanitaria necesita una serie de cambios que redirijan las políticas de atención a nuestros mayores:
El imprescindible CAMBIO DEL MODELO RESIDENCIAL mediante la potenciación de la red pública, ya que actualmente más del 70% de las residencias pertenecen al sector privado. También es preciso el refuerzo de personal y la mejora de condiciones laborales en residencias. Llama la atención que no exista obligatoriedad de contar en residencias con enfermería durante turno de 24 horas.
La adecuada COORDINACIÓN ENTRE CONSEJERÍAS de Salud y de Política Social, que ha sido solventada con soluciones parciales durante pandemia: la formación de la CORECAAS, que solucionó brotes y otros problemas en residencias; la coordinación entre hospital y residencias del área 6 gracias a un equipo geriatra-enfermera; o las experiencias de enfermería en área 4 (Noroeste) en el manejo de brotes en residencias.
La verdadera ATENCIÓN UNIVERSAL para los mayores en residencias. Es preciso recordar que, como en el resto de la ciudadanía, existe un médico de familia adjudicado a cada anciano en residencia. La Residencia debería ser considerada como un domicilio, donde habitan un 70% de incapacitados para salir (que tendrían que recibir por tanto una asistencia a domicilio por parte de su médico y su enfermera de Primaria) y un 30% independientes que pueden y deberían acudir al Centro de Salud.
Consideramos que las principales propuestas de nuestro análisis previo siguen plenamente vigentes:
un PACTO POLÍTICO en la Asamblea Regional por un sistema sanitario público universal
unos PRESUPUESTOS anuales realistas que acaben con el déficit estructural de todos los años
un sistema sanitario que pivote en la atención primaria y la salud pública, que tenga muy en cuenta los DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, con una visión integradora de lo sanitario, lo social, lo salubrista y lo medio-ambiental
un PLAN DE SALUD REGIONAL dirigido a disminuir estas desigualdades, que priorice la atención a grupos más vulnerables, que oriente las inversiones hacia lo que genera salud y evite gasto ineficiente, y que coordine y dé coherencia a todos los planes y programas de la Consejería y Servicio Murciano de Salud con transparencia para profesionales y usuarios
una mayor INVERSIÓN EN PRIMARIA que distribuya recursos con criterios de equidad según necesidades y características de la población atendida, que adecue plantillas a ratios de 1250 usuarios por médico, 1250 usuarios por enfermera, y una trabajadora social por Centro de Salud
una mayor INVERSIÓN EN SALUD PÚBLICA con mejor coordinación con el SMS, con estructura en cada área de salud, trabajando en estrecha colaboración con Primaria para definir planes específicos, grupos vulnerables, y estrategias de prevención y promoción
un ABORDAJE SOCIO-SANITARIO de los problemas de salud, teniendo en cuenta el incremento de la pobreza, las desigualdades y la atención a grupos vulnerables, disponiendo de una trabajadora social en cada centro de salud, pero dirigida a la coordinación con Primaria y los servicios municipales
la promoción de la PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, para recuperar los consejos de área que han dejado de reunirse, y para el desarrollo de nuevos consejos de salud que permitan la participación real en la toma de decisiones de ámbito municipal y/o por zona básica de salud
el fin de la PRECARIEDAD LABORAL y la temporalidad estructural en los profesionales sanitarios para mejorar las condiciones laborales y de seguridad en el trabajo. Para ello, será precisa la consolidación de las plazas creadas con la pandemia, puesto que en realidad cubrían déficits históricos. También evitar los contratos encadenados de días y semanas, especialmente en enfermería, y en su lugar, ofertar contratos estables al finalizar MIR, EIR y PIR. Así como la mejora en la prevención de riesgos laborales
Al mismo tiempo, reconocemos nuevas necesidades surgidas con la pandemia:
La atención socio-sanitaria a PERSONAS MAYORES FRÁGILES VULNERABLES: un sistema de ayuda social rápido y flexible que dé respuesta a problemas urgentes; la verdadera coordinación socio-sanitaria; la mejora de la atención domiciliaria desde Primaria; la atención al final de la vida en domicilio; y un plan específico para abordar la atención sanitaria en residencias
La mejora de la ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL, aumentando los recursos para reducir tiempos de espera y conseguir respuestas ágiles y rápidas, e incrementando plazas de psicólogos para tratar de no medicalizar en lo posible problemas de salud mental
La recuperación de la atención a ENFERMOS CRÓNICOS y a pacientes en lista de espera, descuidados por la pandemia.
La recuperación del pleno derecho a la ATENCIÓN PRESENCIAL en consulta por decisión de los pacientes. Dicha presencialidad no debe estar condicionada por decisión de los profesionales. Pero al mismo tiempo, hemos aprendido que hay otros modos de consulta virtual que pueden resolver problemas de salud (telefónica, telemática o por vídeo) y que deben ser desarrolladas con la adecuada formación a los profesionales en estrategias de comunicación.
La mejora del programa de VACUNACIÓN ANTI-COVID19. Para ello, serán precisas mayor información a profesionales y población general, mayor transparencia, mayor implicación de los centros de salud sin necesidad de grandes recintos, mayor antelación en citas, mayor accesibilidad a centros de vacunación. En este sentido, apoyamos la iniciativa Right2Cure para conseguir la vacunación universal.
La aplicación y el desarrollo pleno de la LEY DE EUTANASIA en la Región. Se trata de un nuevo derecho sobre el que habremos de estar vigilantes, en primer lugar creando la comisión de garantía de profesionales.
MAYO 2021. Considerando plenamente vigentes las propuestas de la ADSP-RM recogidas en el informe “Murcia enferma de pobreza” de Marzo de 2019, la durísima pandemia Covid-19 ha hecho aún más necesario abordar deficiencias identificadas con antelación y ha generado otras necesidades que son ya prioritarias. En defensa del sistema sanitario público, desde la ADSP-RM consideramos prioritarios los siguientes objetivos para los próximos dos años:
1. Alcanzar un PACTO POLÍTICO en la Asamblea Regional por un sistema sanitario público, universal, accesible, sin copagos limitativos. Un sistema sanitario que contemple presupuestos anuales realistas que acaben con el déficit estructural de todos los años, que pivote en la Atención Primaria y la Salud Pública y que tenga muy en cuenta los determinantes sociales de la salud con una visión integradora de lo sanitario, lo social, lo salubrista y el medio ambiente.
2. Elaborar un PLAN DE SALUD REGIONAL dirigido a disminuir las desigualdades y que priorice la atención a grupos más vulnerables. Un Plan que coordine y de coherencia a todos los planes y programas de Consejería y Servicio Murciano de Salud con transparencia para profesionales y usuarios. Un Plan de Salud centrado en la Atención Primaria y la Salud Pública, que incorpore la salud medio ambiental y que incluya la promoción de salud en coordinación con otros sectores.
3. Mayor INVERSIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA. Distribución de recursos con criterios de equidad según características y necesidades de la población atendida. Una Atención Primaria que incremente la atención domiciliaria y desarrolle actividades de salud comunitaria para la prevención y promoción de salud. Incremento de profesionales llegando a una media de ratios ya propuesta en “Murcia enferma de pobreza: o Un/a médico de familia por cada 1.250 personas. o Un/a enfermera por cada 1.250 personas. o Una trabajadora social en cada centro de salud.
4. Mayor INVERSIÓN EN SALUD PÚBLICA y mejor coordinación con el Servicio Muriano de Salud. Estructura y recursos de Salud Pública en cada Área Sanitaria, trabajando en estrecha colaboración con Atención Primaria para estrategias de prevención y promoción.
5. Mejorar el ABORDAJE SOCIO SANITARIO de los problemas de salud, considerando los determinantes sociales, el incremento de la pobreza, las desigualdades y los grupos vulnerables. Promover la coordinación de la Atención Primaria con los servicios sociales municipales.
6. Mejorar la atención socio sanitaria a PERSONAS MAYORES FRÁGILES VULNERABLES. Sistema de ayudas sociales rápido y flexible que de respuesta a las necesidades urgentes. Aumentar y mejorar la atención socio sanitaria domiciliaria. Mejorar la atención al final de la vida en el domicilio. Desarrollar un plan específico para mejorar la atención sanitaria en residencias.
7. Mejorar la atención a la SALUD MENTAL aumentando los profesionales y otros recursos.
8. Recuperar la mejor atención a ENFERMOS CRÓNICOS y a pacientes en LISTA DE ESPERA, descuidados por la pandemia. Recuperar desde Atención Primaria la atención normalizada médica y de enfermería a pacientes crónicos. Disminuir las listas de espera y tiempos de demora en la atención hospitalaria.
9. Mejorar la ACCESIBILIDAD en Atención Primaria y recuperar el pleno derecho a la atención presencial, disminuyendo los tiempos de espera. Desarrollar distintos modelos de consulta (presencial, telefónica, telemática, vídeo consulta) que den respuesta eficiente a cada necesidad y problema de salud.
10. Garantizar DERECHOS FUNDAMENTALES en relación a la salud. o Mejorar la atención a las interrupciones voluntarias de embarazo. o Garantizar el desarrollo y correcta aplicación de la Ley de Eutanasia
11. Facilitar y promover la PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. A corto plazo recuperar la actividad de los Consejos de Salud y desarrollar de forma plena sus funciones. Desarrollo de nuevos consejos de salud que permitan la participación real en la toma de decisiones, de ámbito municipal y/o por Zonas Básicas.
12. Acabar con la PRECARIEDAD LABORAL y la temporalidad estructural en los profesionales sanitarios y mejorar las condiciones. laborales y de seguridad en el trabajo.
