Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) Región de Murcia, queremos animar a todas las personas a firmar esta Iniciativa Ciudadana Europea “Derecho a una Cura // Que Nadie se Lucre con la Pandemia” para solicitar a la Comisión Europea que haga todo lo que esté en su mano para que las vacunas y tratamientos COVID-19 sean considerados un bien público global, accesible a todos y todas de manera gratuita.
La ciudadanía de la Unión Europea (UE) tiene el derecho de dirigirse directamente a la Comisión Europea para proponer una reforma legislativa concreta, a través de lo que se conoce como Iniciativa Ciudadana Europea. Para que la Comisión admita y considere una Iniciativa, se necesitan 1 millón de firmas de apoyo, de ciudadanos y ciudadanas de la UE.
Sus incuestionables peticiones se resumen en estos cuatro puntos:
SALUD PARA TODOS Y TODAS
La salud es un derecho. En una pandemia, la investigación y las tecnologías deberían compartirse ampliamente, rápido, a través del mundo. Una compañía privada no debería tener el poder de decidir quién tiene acceso a tratamientos o vacunas, ni a qué precio. Las patentes otorgan a una sola compañía el poder y monopolio sobre productos farmacéuticos esenciales. Esto limita su disponibilidad e incrementa su coste para las personas que los necesitan.
¡TRANSPARENCIA YA!
La información sobre los costes de producción, las contribuciones públicas y la efectividad y seguridad de las vacunas y medicamentos debería ser pública. Los contratos entre autoridades públicas y compañías farmacéuticas también deben publicarse.
FONDOS PÚBLICOS, CONTROL PÚBLICO
Los y las contribuyentes pagan con sus impuestos enormes sumas para la investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos. Lo que la gente paga, deber ser para la gente. No podemos permitir que las compañías farmacéuticas privaticen tecnologías médicas cruciales que han sido desarrolladas con recursos públicos.
QUE NADIE SE LUCRE CON LA PANDEMIA
Las grandes compañías farmacéuticas no deberían lucrarse con esta pandemia, a expensas de la salud de la gente. Una amenaza colectiva requiere solidaridad, no lucro privado. La financiación pública debería darse solo con la garantía de que el producto final tendrá disponibilidad y un precio asequible. No se debería permitir que el Big Pharma saquee nuestros sistemas de seguridad social.