La salud también se defiende con derechos sociales
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM) expresa su apoyo a la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre. Lo hacemos desde nuestra convicción de que la defensa de la sanidad pública es inseparable de la defensa de unas condiciones de vida dignas, de la reducción de las desigualdades sociales y de una distribución más justa de la riqueza.
Esta es, en cierto modo, una huelga atípica. No se convoca para impugnar globalmente la política del Gobierno de España, que ha impulsado avances importantes en materia laboral, salarial y de protección social. La mejora del empleo, el incremento del salario mínimo, la reforma laboral y la ampliación de derechos sociales constituyen conquistas que deben reconocerse y defenderse. Pero esos avances conviven con una realidad mucho menos favorable para una parte importante de la población.
El crecimiento económico y la creación de empleo no están garantizando por sí solos una mejora suficiente de las condiciones materiales de vida. Persisten salarios bajos, convenios colectivos bloqueados y dificultades para recuperar el poder adquisitivo perdido. La inflación, impulsada inicialmente por las crisis energéticas y los conflictos internacionales, también se ha visto alimentada en determinados sectores por incrementos de precios y márgenes empresariales. Mientras numerosas empresas registran beneficios extraordinarios, muchos hogares siguen encontrando dificultades para llegar a fin de mes.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento, especialmente para las generaciones jóvenes. Pero existe también un empobrecimiento menos visible: el que se produce cuando las familias deben dedicar una proporción creciente de sus ingresos a servicios que deberían estar garantizados públicamente. El recurso a seguros sanitarios privados, la educación privada o los cuidados contratados para atender a personas dependientes reduce la renta disponible y aumenta las desigualdades entre quienes pueden pagar y quienes no tienen esa posibilidad.
La Región de Murcia ofrece un ejemplo especialmente preocupante de estas contradicciones. El informe FOESSA 2025 muestra que la exclusión social, aunque se ha reducido en los últimos años, afecta todavía al 20,7% de la población regional, una de cada cuatro, más de 320.000 personas. Además, la población en situación de integración plena ha descendido del 50,8% al 39,7%, mientras que la integración precaria ha aumentado del 25% al 39,6%. Aunque han disminuido algunas formas de exclusión severa, se extiende una vulnerabilidad que amenaza la seguridad económica y social de una parte creciente de la ciudadanía.
Los datos son particularmente elocuentes en dos ámbitos estrechamente relacionados con la salud: el 18,1% de la población murciana presenta dificultades económicas para acceder a medicamentos o tratamientos médicos y el 16,8% soporta gastos excesivos de vivienda.
Estos datos sugieren que la exclusión social en la Región de Murcia se relaciona de manera fundamental con la insuficiencia de recursos económicos y su impacto sobre la capacidad de la población para ejercer derechos sociales, como son el acceso a una vivienda y a la salud. Cerca de 290.000 personas viven en situaciones de vivienda insegura o inadecuada. Son cifras que recuerdan que la pobreza y la precariedad no son fenómenos ajenos al sistema sanitario, sino factores que condicionan directamente la salud de la población.
Desde la ADSP-RM defendemos que no es posible reducir de forma sostenida las desigualdades en salud sin actuar sobre sus determinantes sociales. Los profesionales sanitarios conocemos las consecuencias de la precariedad laboral, las dificultades residenciales, la inseguridad económica, la soledad y la insuficiencia de los cuidados. La atención sanitaria puede aliviar muchos de sus efectos, pero no puede sustituir a las políticas públicas necesarias para prevenirlos.
Por eso necesitamos una nueva etapa de fortalecimiento de los servicios públicos. El crecimiento de la población española y el envejecimiento demográfico exigen aumentar las inversiones en sanidad, educación, dependencia, vivienda e infraestructuras. No basta con mantener los recursos existentes cuando las necesidades sociales crecen y se hacen más complejas. Tampoco podemos aceptar que la respuesta sea trasladar progresivamente los costes a las familias o ampliar los espacios de negocio privado.
Este esfuerzo requiere una política fiscal más ambiciosa, progresiva y redistributiva. La sostenibilidad del Estado del bienestar no puede identificarse exclusivamente con la contención del gasto. También depende de la capacidad colectiva para obtener los recursos necesarios, distribuirlos equitativamente y garantizar que la prosperidad económica se traduzca en derechos efectivos.
La huelga también debe entenderse como una apuesta por el futuro de las generaciones jóvenes. Frente al discurso de que todo empeora inevitablemente y de que las nuevas generaciones vivirán necesariamente peor que sus padres, existen oportunidades reales para avanzar. Si continúa la creación de empleo y se reducen las situaciones de desempleo estructural, los trabajadores, especialmente los más jóvenes, pueden disponer de una mayor capacidad de negociación. Pero esa oportunidad no se traducirá automáticamente en mejores salarios, estabilidad laboral o acceso a la vivienda. Requiere organización colectiva, negociación y capacidad de presión.
La historia de las conquistas sociales demuestra que los avances económicos no se transforman espontáneamente en derechos. Los sindicatos de clase han desempeñado un papel fundamental en la reducción de las desigualdades, la extensión de la protección social y la construcción de los servicios públicos. Su fortalecimiento resulta necesario para que los beneficios del crecimiento alcancen al conjunto de la sociedad y no queden concentrados en quienes ya disponen de mayor poder económico.
La ADSP-RM considera que esta convocatoria tiene también un valor democrático: recordar que las políticas públicas no dependen únicamente de las decisiones de los gobiernos, sino también de una ciudadanía organizada, capaz de formular demandas y de influir en las prioridades colectivas.
Nuestra adhesión no implica desconocer las particularidades de la actividad sanitaria ni la responsabilidad de garantizar la atención imprescindible a las personas más vulnerables. Precisamente porque defendemos una sanidad pública universal y equitativa, consideramos necesario apoyar las reivindicaciones sociales que pueden mejorar las condiciones de vida y salud de la población.
Defender la sanidad pública es también defender salarios dignos, viviendas asequibles, cuidados suficientes, servicios públicos fuertes y una fiscalidad justa. La salud no se produce únicamente en los centros sanitarios: se construye, o se deteriora, en las condiciones cotidianas en las que las personas nacen, crecen, trabajan y envejecen.
Por estas razones, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia se suma a la convocatoria de huelga general y anima a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios a apoyar sus reivindicaciones, desde el respeto a las distintas formas de participación y a las obligaciones asistenciales.
Porque una sociedad más igualitaria es también una sociedad más saludable.
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSP-RM)
Murcia, noviembre de 2026.