Los acontecimientos recientes en el Centro de Salud de La Unión no son un episodio menor de gestión, sino un síntoma de una forma de gobernanza sanitaria que debilita la autonomía profesional, ignora el mérito e introduce prácticas incompatibles con la ética de las instituciones públicas.
La decisión de la Consejería de Salud de vetar la candidatura legítima y consensuada del equipo, e intentar imponer un nombramiento externo carente de los requisitos legales y profesionales exigidos, contradice de forma explícita lo que Adela Cortina ha señalado como condiciones básicas de una organización justa: procedimientos transparentes, reconocimiento del mérito y respeto a la dignidad de las personas que la integran. Cuando estos principios se vulneran, no solo se deteriora el clima interno, sino que se erosiona la legitimidad de la institución ante la ciudadanía.
En este contexto, el gesto de Asensio López adquiere un valor ético particularmente relevante. Su decisión de retirar la candidatura para evitar la imposición externa y salvaguardar que la coordinación recayera en un profesional del propio equipo representa un ejercicio de liderazgo moral y de responsabilidad con el bien común. Frente a la lógica política que pretendía colonizar un espacio profesional autónomo, él optó por reforzar la lógica del servicio público, recordando que no hay puesto que justifique renunciar a la justicia interna de la organización.
Lo ocurrido en La Unión encuentra un preocupante paralelismo con el escándalo del Hospital de Torrejón, donde cuatro gestores fueron despedidos tras denunciar irregularidades de la empresa concesionaria. Ambos casos confirman la tesis central del sociólogo Eliot Freidson: en los sistemas sanitarios modernos coexisten tres lógicas de poder —la del Estado, la del mercado y la profesional— y solo esta última actúa como defensa efectiva de los intereses de los pacientes. Cuando el Estado utiliza su poder para intentar imponer nombramientos sin mérito, o cuando las empresas silencian a quienes denuncian malas prácticas, se debilita precisamente el pilar que permite que la sanidad funcione orientada al bien común: la integridad profesional.
Este deterioro del profesionalismo es especialmente grave en un ámbito marcado por una profunda asimetría de información. Los ciudadanos no pueden evaluar por sí mismos la calidad técnica de los cuidados, la seguridad clínica ni el funcionamiento interno de los centros sanitarios; dependen de la honestidad y del conocimiento de los profesionales. La teoría del riesgo moral describe exactamente esta vulnerabilidad: si quienes conocen el sistema desde dentro son castigados por decir la verdad o por ejercer su autonomía, la ciudadanía queda sin protección alguna frente a decisiones opacas, discrecionales o directamente injustas. Por eso preservar la independencia profesional no es un privilegio del colectivo sanitario, sino una necesidad democrática.
La responsabilidad de corregir esta deriva no puede recaer solo en los equipos, por muy ejemplar que haya sido su cohesión en La Unión. La obligación de garantizar reglas justas, procesos transparentes y nombramientos basados en el mérito corresponde a las instituciones públicas (también las privadas si quieren legitimidad social) , y en último término al máximo responsable político del sistema sanitario. Por ello, el Consejero de Salud de la Region de Murcia debe ofrecer una explicación clara y asumir su responsabilidad ante la ciudadanía: por qué se vetó una candidatura legítima, con qué criterios se intentó imponer un nombramiento externo sin idoneidad acreditada, por qué se engaña diciendo que sigue el procedimiento cuando el Centro de Salud de La Unión ha estado 6 meses sin coordinación y qué medidas piensa adoptar para que una situación semejante no vuelva a repetirse. El silencio o la justificación opaca serían, por sí mismos, una vulneración añadida del deber de buen gobierno.
Lo que está en juego no es un conflicto local ni una cuestión corporativa, sino la confianza de los ciudadanos en que su sistema sanitario funciona de acuerdo con principios de justicia, profesionalidad y transparencia. Cuando se castiga el profesionalismo, se debilita la democracia sanitaria. Cuando la integridad tiene un coste, la institución pierde su función pública. La ADSP tiene el deber de señalarlo, la ciudadanía el derecho a conocerlo y el Consejero de Salud, como responsable último, la obligación de explicarlo y corregirlo. Solo así la sanidad pública podrá seguir siendo un espacio de cuidado, y no un territorio disputado por intereses ajenos al bien común.
Abel Novoa. Presidente de la ADSP-RM
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.