Cada vez que se plantean críticas al funcionamiento del sistema sanitario en la Región de Murcia, la respuesta institucional y política —encarnada en el discurso del consejero de salud— sigue un patrón ya conocido: indignación, defensa corporativa y apelación a la profesionalidad sin responder nunca a los datos que la oposición política o las organizaciones de la sociedad civil ponen encima de la mesa. Ha ocurrido con el último informe del Tribunal de Cuentas, con la evaluación de las listas de espera de la ADSP-RM y ha vuelto a ocurrir con el Informe de la Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama.
En los tres casos, la respuesta del consejero en los debates es similar: no contesta a los datos y los argumentos expuestos y pasa directamente a la indignación y a los golpes de pecho. El consejero suele reivindicar el esfuerzo de los profesionales, que nadie pone en entredicho, o a apelar al compromiso de las instituciones, que nadie ha afirmado que no exista. El consejero con sus respuestas sugiere que cuestionar los resultados equivale a atacar al sistema y a quienes trabajan en el sistema. Este es un encuadre profundamente erróneo y, diríamos que, antidemocrático por escamotear la rendición de cuentas que un político debe dar a la ciudadanía y a la oposición política. También va en contra de la mejora continua de la calidad, imprescindible en cualquier sistema y organización, más en la sanitaria.
Veamos. Nadie está cuestionando a las personas. En el caso del programa de cribado de cáncer de mama el problema no está en los profesionales, sino en el contexto organizativo y económico en el que se les ha obligado a trabajar. Ese marco condiciona inevitablemente la práctica clínica, no por mala praxis, sino por cómo están alineados los incentivos y los recursos disponibles. Precisamente por respeto a los profesionales, la administración debería preguntarse en qué condiciones trabajaban y qué modelo se les estaba haciendo sostener.
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha estado más de 30 años realizando todas las mamografías de cribado de la región excepto las del área de Cartagena y las de Cieza. Eran las famosas unidades móviles más un centro diagnóstico en la ciudad de Murcia. La AECC es una organización sin ánimo de lucro con un arraigo importante social y unos fines loables. Desde los años 90 hasta el 2018 el presidente fue el jefe de servicio de oncología del hospital Virgen de la Arrixaca, un peso pesado, por tanto, de la medicina murciana. Cuando dejó la presidencia le sustituyó el exjefe de servicio de medicina interna del mismo hospital y director general de salud pública entre los años 2011 y 2015. Al dejar la dirección general pasó a ser vicepresidente de la AECC y en el año 2018 sustituyó al anterior. El ex director general de salud pública ha sido presidente de la AECC de la Región de Murcia hasta 2025. Durante su etapa en la dirección general tuvo que gestionar al menos cuatro convenios anuales con la entidad que posteriormente presidiría.
La AECC es una entidad sin ánimo de lucro y su presidente no percibe salario, pero es necesario señalar la evidente cercanía durante décadas de la AECC con el sistema de salud y la propia dirección general de salud pública, responsable del programa. Esta proximidad generó una situación donde no sería fácil para los técnicos cuestionar el modelo, revisar decisiones pasadas o introducir cambios estructurales futuros. La historia de la AECC en la región es un caso claro de conflicto de interés institucional, no económico: todo el mundo puede estar intentando actuar de buena fe, pero, sin embargo, al final, el sistema nunca se somete a la crítica necesaria debido a una inercia apuntalada en relaciones personales y cercanía entre el poder político y sanitario y la propia organización.
No olvidemos que además de la AECC, que ha realizado entre el 60 y el 70% de las mamografías del programa de cribado durante décadas, había dos unidades de cribado más: la de Cartagena y alrededores, con dispositivos privados (con ánimo de lucro) y la de Cieza, completamente pública. Los datos son tozudos. Desde el bienio 2009-2010 al bienio 2021-2022, la media de estudios complementarios en la unidad de Cieza (pública) es de 6,23%, superior a la de Cartagena (privada) de 5,03% y a la de Murcia (AECC), que incluye unidades móviles del resto de la región, del 3,52%.
Pero más importante que el número de ecografías es la tasa de detección de cánceres de mama con el cribado. En la Tabla 1 podemos ver las tasas de detección por unidades de cribado desde el bienio 2015-2016 que fue cuando comenzaron a publicarse desagregadas
Tabla 1: Tasas de detección por cada mil mujeres cribadas según unidades de cribado*
*Hemos puesto la media entre la unidad de Murcia y las unidades móviles del resto de la comunidad (excepto Cieza y Cartagena) ya que la organización responsable era la misma, la AECC
En el Gráfico 1 queda más claro. Cuanto más ánimo de lucro de la organización que realiza las mamografías peores resultados. No son cifras menores. Cartagena ha detectado aproximadamente un 50–60% menos cánceres que Cieza entre los años 2015 y 2022. Murcia (más las unidades móviles) ha detectado un 20–30% menos cánceres que Cieza.
Gráfico 1: Tasas de detección por mil mujeres cribadas según unidades de cribado
En términos absolutos hemos calculado que en el periodo de 7 años en el que existen datos desagregados probablemente se han detectado unos 230 cánceres menos en Cartagena y alrededores y unos 140–150 cánceres menos en el área de Murcia y unidades móviles del resto de la comunidad de los esperados si el programa funcionara con una sensibilidad parecida a la de la unidad pública de cribado de Cieza.
Es decir, si las áreas con menor rendimiento gestionadas por dispositivos privados concertados (con y sin ánimo de lucro) hubieran alcanzado tasas de detección comparables a las observadas en la unidad de Cieza, el programa habría identificado del orden de varios centenares de cánceres adicionales en el periodo analizado, lo que sugiere un déficit estructural de sensibilidad diagnóstica con consecuencias clínicas potencialmente relevantes.
Esta interpretación se ve reforzada por un hecho básico: no resulta plausible, desde el punto de vista epidemiológico, que la incidencia de cáncer de mama sea sustancialmente menor en áreas como Cartagena que en Cieza de forma sostenida en el tiempo. Por tanto, las diferencias observadas no pueden atribuirse razonablemente a variaciones reales en la enfermedad, sino que apuntan a desigualdades en la capacidad de detección del propio programa.
En este contexto, lo que realmente falló no fueron los profesionales que trabajaban para la AECC o el dispositivo privado de Cartagena, que hicieron lo que pudieron teniendo en cuenta el contexto organizativo en el que se les obligó a trabajar. Tampoco podemos decir que fallara la AECC (aunque el conflicto de interés institucional debería ser evitado para permitir la evaluación crítica cuando es necesaria) o el dispositivo privado de Cartagena que respondieron al contexto contractual propuesto por la consejería. Lo que falló fue la supervisión y los mecanismos de control que la dirección general de salud pública tenía la obligación de activar.
No se entiende si no cómo se permitió que durante años se mantuviera un patrón consistente de indicadores por debajo de estándares razonables: una tasa de detección de cáncer sistemáticamente inferior a la media nacional, un menor uso de ecografías ante dudas diagnósticas y, en sentido inverso, una tasa de mamografías adelantadas claramente superior a la media nacional y con diferencias regionales notables. Este conjunto de señales debería haber activado, de forma casi automática, procesos de revisión interna, auditoría clínica y replanteamiento del modelo organizativo. Sin embargo, esa reacción no se produjo o, si se produjo a nivel técnico (seguramente, porque los informes técnicos señalaban estas deficiencias y diferencias, aunque sin hacer propuestas de mejora), no tuvo capacidad efectiva para modificar las inercias del sistema. La ausencia de corrección, por tanto, apunta a un déficit estructural de gobernanza: cuando quien había sido responsable de la supervisión desde la administración pasa posteriormente a presidir la AECC, el sistema pierde distancia crítica y se debilita la capacidad de autoevaluación independiente. Y poner en duda la actuación de Cartagena sin hacerlo con la AECC no era posible así que mejor que todo siguiera como estaba.
Y ese es el problema de fondo. No estamos ante fallos puntuales, sino ante desviaciones sostenidas en indicadores objetivos que requieren una respuesta técnica. Lo que se recibe, en cambio, es una reacción airada del consejero. Pero, lo preocupante no es solo la reacción, sino lo que revela. Cuando ante un análisis basado en datos la respuesta es la descalificación o la indignación, de forma repetida, lo que se revela es cierta impotencia. Es decir, debilidad. Y eso es lo que estamos percibiendo desde la sociedad civil. Debilidad e impotencia del consejero para solucionar los graves problemas de nuestra sanidad pública.
Por tanto, la cuestión es clara: si los indicadores muestran desviaciones sostenidas, la respuesta no puede ser la indignación sino la evaluación, la autocrítica, la puesta en marcha de medidas correctoras (la Alianza ha propuesto más de 20, concretas y factibles) y la asunción de responsabilidades. Los órganos políticos encargados de supervisar la actuación del sistema han fallado clamorosamente y han permitido durante años desviaciones —muchas de ellas recogidas en los propios informes técnicos— sin activar mecanismos eficaces de corrección.
Nadie acusa a los profesionales, que han trabajado dentro de las condiciones existentes intentando ofrecer la mejor atención posible, ni tampoco a las organizaciones implicadas, que han respondido a los incentivos y marcos contractuales definidos por la propia Administración. Precisamente por eso, el foco debe situarse donde corresponde: en el diseño del modelo, en los sistemas de evaluación y en la gobernanza del programa. Cuando un sistema produce de forma consistente resultados subóptimos, la responsabilidad no es individual sino estructural.
Lo verdaderamente preocupante no es que existan desviaciones —ningún programa está exento de ellas—, sino que estas se mantengan en el tiempo sin ser corregidas. Y eso apunta a un déficit de rendición de cuentas y de cultura evaluativa. En un programa que se dirige a población sana, la exigencia ética es máxima: minimizar daños, reducir incertidumbre evitable y maximizar la capacidad de detección precoz. No hacerlo, teniendo los datos, no es un problema técnico, es un problema de gobernanza y, por tanto, político.
Lejos de cualquier planteamiento en contra del sistema público, el objetivo de la Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama es precisamente el contrario: mejorar el programa y reforzar la confianza en él. Por eso hemos propuesto 20 acciones de mejora en siete áreas (Tabla 1)
Tabla 1: Demandas de la Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama
La transparencia, la evaluación rigurosa y la corrección de desviaciones no debilitan un sistema, lo legitiman. Un programa de cribado solo cumple su función si las mujeres confían en que ofrece la mejor atención posible con el menor daño evitable, y esa confianza no se construye sobre la opacidad, la inercia o la indignación sobreactuada sino sobre los mejores argumentos o la capacidad de reconocer problemas y corregirlos. Plantear mejoras, exigir estándares y proponer cambios no es cuestionar el programa, sino protegerlo. Porque solo un programa que se evalúa, se corrige y rinde cuentas puede aspirar a ser clínicamente efectivo y socialmente creíble.
Grupo Coordinador de la Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama
En la actualidad el Grupo Coordinador está formado por (en orden alfabético): Amnistía Internacional, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia, Federación de Asociaciones de Barrio “Interbarrios” de Molina del Segura, Federación de Asociaciones de Vecinos Consumidores y Usuarios de Lorca y del Alto Guadalentín, Junta en Defensa de la Sanidad Pública de Cartagena, Sociedad Murciana de Enfermería Familiar y Comunitaria; Sumando Salud de Cartagena